La instalación hace un año, de la mesa de diálogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, entre la delegación del gobierno de Gustavo Petro y de los voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Área Metropolitana, impulsada en el marco de la política de Paz Total, abre nuevos desafíos en un escenario inédito de oportunidad política, para superar los ciclos de violencia urbana que ha vivido la región metropolitana en los últimos 40 años, y avanzar en creativas y ambiciosas propuestas para la construcción de la paz territorial urbana en esta ciudad región, así como en los espacios dialógicos que vienen caminando en Buenaventura y Quibdó. 

Así mismo, en el marco de una propuesta política de acuerdo nacional, es imperativo un acuerdo específico por garantizar el derecho a la vida en las comunidades y pobladores de territorios urbanos que han sufrido los múltiples repertorios de violencia y padecido el control social y territorial de las estructuras criminales, sin una respuesta efectiva del Estado local y nacional en los últimos 40 años. Al respecto, un elemento central para cualquier acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales será la discusión pública sobre los derechos de las víctimas urbanas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. Un debate crucial al desarrollo del espacio dialógico de la Cárcel La Paz, es la necesidad de un marco jurídico para las estructuras criminales. En este aspecto, será primordial explorar las posibilidades de la justicia restaurativa, cuya prioridad deberá ser la reparación del daño a las víctimas de la violencia urbana por parte de los grupos criminales con participación activa de las comunidades afectadas en las soluciones a desarrollar en esta alternativa de justicia en un campo de transicionalidad.

De otro lado, materializar el derecho humano a la paz en las ciudades, implica una sociedad civil organizada y movilizada para la paz urbana. Dicho de otra manera, ir en la dirección de constituir el sujeto encarnado en un movimiento ciudadano por la defensa y edificación de la paz urbana con agenda propia que interpela y aporta a los espacios de diálogo socio jurídico y permite acuerdos autónomos con los gobernantes para políticas e intervenciones integrales en los territorios. 

Este camino de participación ciudadana tiene varios factores coligados. Uno, deberá sistematizar y reconocer las experiencias, prácticas, memorias, aprendizajes e iniciativas ciudadanas por la paz que la ciudad ha avanzado en las últimas décadas. Dos, el impulso de distintos repertorios de acción colectiva en función del objetivo de lograr la paz en las ciudades, con un enfoque diferencial, territorial, de género y de diálogo intergeneracional. Tres, ser un puente, un espacio autónomo de sociedad civil que articule la participación plural y efectiva de diversos sectores sociales, en el que se sientan reconocidos y con capacidad de incidir en la agenda pública. Cuarto, ir construyendo una agenda ciudadana para la paz urbana que posibilite acuerdos con el Estado e incidente en los diálogos entre gobierno y estructuras criminales. Quinto, que aporte a una cultura de paz favorable al proceso de paz urbana, construyendo y comunicando unas narrativas, imaginarios y sentidos políticos orientados a la consecución de la paz.

Finalmente, cumplido un año de la instalación de la mesa de dialogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, también es posible decir que un año ha cumplido el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil para la Paz Urbana en Medellín y el Área Metropolitana, con una confluencia de más de 50  organizaciones e iniciativas que vienen trabajando en espacios plenarios, asamblearios, de audiencia y relacionamiento para rodear la mesa dialógica, tener iniciativa política en la agenda pública local y nacional, construir confianza e interacciones con distintos actores políticos y sectores sociales, y exigirle a las partes sentadas en la mesa de dialogo de la Cárcel de La Paz, en momentos de incertidumbre, hechos y desarrollos en la búsqueda de la paz y avanzar sin dilaciones, en materializar el derecho a la paz que reivindicamos para las ciudades de Colombia.