Hacia un enfoque integral de protección para menores desvinculados de grupos armados
Por Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ)*
Marzo, 2025
El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las violaciones más alarmantes a los derechos humanos en Colombia. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, con una mayor incidencia en el primer semestre del año, cuando se reportaron 267 casos, frente a los 142 del segundo semestre. Los meses más críticos fueron enero, con 62 casos, y marzo, con 58. El principal grupo armado señalado en estos reclutamientos es el Estado Mayor Central, vinculado con el reclutamiento de al menos 135 menores, evidenciando la persistencia de esta práctica en el marco del conflicto armado.
El departamento del Cauca ha sido el más afectado, concentrando el 70% de los casos reportados, lo que equivale a 300 menores reclutados en su territorio. A esta preocupante cifra se suma la alarmante afectación a comunidades indígenas, que representan el 51% de las víctimas. Más allá de la violación sistemática de los derechos de niñas, niños y jóvenes, esta práctica atenta contra la salvaguarda de los saberes ancestrales, la autonomía de los pueblos indígenas, sus sistemas educativos propios y su estructura de gobierno. La vinculación de menores a grupos armados no solo les niega su derecho al desarrollo y la protección, sino que también impacta gravemente el tejido social de estas comunidades, debilitando su identidad y su resistencia ante la violencia.
A la crisis en el Cauca se suman los departamentos de Nariño y Putumayo, consolidando al suroccidente colombiano como una de las regiones más vulnerables para la niñez y juventud en el país. La falta de medidas efectivas de prevención y protección por parte del Estado, sumada a la presencia de actores armados ilegales, ha convertido a esta zona en un escenario recurrente de violaciones a los derechos humanos de menores. Ante esta realidad, se hace urgente la implementación de estrategias de intervención que no solo respondan a la protección inmediata de las víctimas, sino que también ataquen las causas estructurales que perpetúan el reclutamiento forzado en el país.
El reclutamiento y la explotación de menores por parte de grupos armados en Colombia no responden únicamente a la lógica de la coacción directa, sino que también se sustentan en la profunda crisis social que afecta a la niñez y la juventud en el país. La pobreza extrema, la falta de acceso a una educación de calidad, la carencia de condiciones de vida dignas y la imposibilidad de disfrutar de una infancia libre de responsabilidades económicas o parentales prematuras han generado un escenario propicio para la captación de niñas, niños y jóvenes (NNJ). Estas condiciones estructurales obligan a muchos menores a asumir roles de adultos, privándolos de sus derechos básicos y exponiéndolos a dinámicas de violencia y explotación.
En los últimos años, los grupos armados han diversificado sus estrategias de vinculación, adoptando métodos más sutiles y manipulativos que van más allá del reclutamiento forzado tradicional. La manipulación emocional y económica se ha convertido en una herramienta clave para atraer a los menores a actividades delictivas. En muchos casos, estos grupos se aprovechan de la precariedad económica de las familias y de la ausencia de oportunidades, ofreciendo incentivos como dinero, motocicletas y dispositivos electrónicos. En el caso de las niñas y jóvenes, la captación se combina con estrategias de grooming y online-grooming, en las que los reclutadores establecen relaciones de confianza para luego involucrarlas en actividades ilegales, como el traslado de armas, la comunicación de mensajes y la explotación sexual. Esta última forma de violencia afecta de manera desproporcionada a las niñas, quienes representan el 24% de las víctimas en zonas de conflicto, según la Defensoría del Pueblo. Los efectos de esta violencia incluyen embarazos forzados, infecciones de transmisión sexual, traumas psicológicos y el estigma social que dificulta su reintegración.
Desplazamiento forzado y abandono estatal: una deuda con la niñez en Colombia
El desplazamiento forzado sigue siendo una de las principales vulneraciones a los derechos de la niñez en Colombia. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, más de 2.5 millones de menores han sido desplazados por la violencia, privándolos de estabilidad, redes de apoyo y acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud. En zonas rurales, la falta de infraestructura y las barreras geográficas agravan aún más su situación, dificultando su acceso a servicios esenciales y aumentando su vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia. La precariedad en la que crecen niñas, niños y jóvenes no solo es resultado del conflicto armado, sino también de una ausencia estructural del Estado, que no ha logrado garantizar condiciones dignas para su desarrollo integral.
Frente a este panorama, la protección de los menores desvinculados de grupos armados no puede seguir siendo una tarea pendiente. Se requiere con urgencia una respuesta estructurada que garantice su recuperación, protección y participación en la reconstrucción de sus proyectos de vida, evitando su revictimización y la perpetuación de los ciclos de violencia y exclusión. Sin embargo, uno de los principales obstáculos radica en la exclusión sistemática de niñas, niños y jóvenes (NNJ) de los espacios de toma de decisiones sobre las políticas que los afectan directamente. Este desplazamiento simbólico es reflejo de una concepción adultocéntrica profundamente arraigada, que no solo los priva de voz, sino que también refuerza la idea de que su presencia en los procesos de transformación social es secundaria. La exclusión y la minimización de su protagonismo perpetúan una visión en la que los menores son considerados únicamente receptores de medidas y no sujetos activos en la construcción de soluciones a su propia problemática.
Los NNJ no enfrentan una única forma de violencia, sino múltiples agresiones que se intersectan y amplifican sus impactos. Entre estas violencias está la cultural, que legitima su exclusión y normaliza la falta de oportunidades, pero también se suman el empobrecimiento sistemático, la desigualdad social y el clasismo estructural. Estos factores no solo marginan a la niñez y la juventud de espacios de decisión, sino que además los colocan en una situación de vulnerabilidad extrema, donde actores armados y redes criminales explotan su precariedad para manipularlos emocional y económicamente. En este contexto, el abandono social estatal no solo se traduce en la falta de infraestructura o en barreras geográficas que dificultan el acceso a derechos básicos, sino que refleja una desprotección estructural y sostenida, que deja a millones de menores expuestos a la violencia y sin opciones reales de desarrollo. Garantizar su protección requiere no solo medidas reactivas, sino estrategias preventivas que aborden las causas profundas de su exclusión, incluyendo el acceso equitativo a educación, salud y espacios de participación efectiva que les permitan ser protagonistas de su propio futuro.
Recomendaciones para la protección integral de la niñez y juventud en el contexto del conflicto armado en Colombia
Para garantizar una protección efectiva de niñas, niños y jóvenes (NNJ) en el contexto del conflicto armado en Colombia, es fundamental que el Estado adopte medidas concretas que reconozcan y prioricen su participación activa en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y derechos. La escucha de sus voces no solo es una herramienta clave para comprender su estado de vulnerabilidad y los riesgos específicos a los que están expuestos en sus territorios, sino también un mecanismo para diseñar estrategias de prevención y protección más eficaces.
En este sentido, es imperativo crear y financiar espacios culturales, artísticos y deportivos que promuevan el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Estos espacios, concebidos como escenarios de fortalecimiento de la creatividad, autonomía y liderazgo de NNJ, deben contar con presupuestos adecuados, administrados con transparencia y bajo la veeduría de los propios menores, garantizando así que respondan a sus necesidades y expectativas reales.
Además, es necesario fortalecer y ampliar los espacios de participación política e incidencia ciudadana para NNJ, asegurando su representación en mecanismos como las plataformas de juventudes, los consejos de juventudes y otros espacios de toma de decisiones a nivel local y nacional. Se recomienda que, en escenarios de participación ciudadana como consejos locales, juntas de acción comunal, consejos comunales y comunitarios, y mesas de diálogo con actores armados, se establezca al menos una curul o representación específica para NNJ. Esta medida debe implementarse con un enfoque diferencial que considere factores de género, etnia, discapacidad, orientación sexual y otros elementos que inciden en la experiencia de los menores. Para ello, es fundamental que el Estado garantice recursos suficientes, fortalezca las capacidades institucionales y promueva un cambio cultural que reconozca a NNJ como actores legítimos en la construcción de soluciones y en la formulación de políticas públicas.
Asimismo, es crucial incluir la participación activa de niñas, niños y adolescentes (NNA) en los procesos y políticas de paz, asegurando garantías sólidas para la protección integral de sus derechos en estos escenarios. Su involucramiento no solo representa un reconocimiento de su agencia y protagonismo en la sociedad, sino que también desafía las estructuras adultocéntricas que históricamente han excluido sus voces de los espacios de decisión.
La integración de los NNA en los procesos de paz fortalece su sentido de pertenencia y empoderamiento, y permite diseñar políticas más efectivas y contextualizadas que respondan a las realidades que enfrentan en las zonas afectadas por el conflicto. Para que esta participación sea efectiva, es necesario garantizar condiciones de seguridad, espacios de diálogo inclusivos y mecanismos de apoyo que eviten su revictimización. Además, el diseño e implementación de políticas públicas en el marco de la paz deben priorizar el interés superior de los NNA, asegurando su acceso a la educación, la salud y la protección contra cualquier tipo de violencia o explotación.
La inclusión de los menores en estos procesos no solo contribuye a su protección integral, sino que también establece bases sólidas para una paz duradera, reconociendo que su bienestar y desarrollo son esenciales para la reconstrucción del tejido social en Colombia.
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* Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ) es una organización no gubernamental fundada en 1996, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la defensa y promoción integral de los derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado. A lo largo de más de 25 años, HVCJ ha trabajado en articulación con distintos sectores de la sociedad, formando parte del comité operativo de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes, el Fondo de Fortalecimiento y Protección (FFP), la Red Llano y Selva por la Defensa del Territorio y la Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Su labor se ha enfocado en la incidencia política, el acompañamiento jurídico y la visibilización de violaciones a los derechos humanos, lo que le ha valido reconocimiento a nivel nacional e internacional, siendo finalista en 2016 del premio otorgado por Diakonia y la Embajada de Suecia por su compromiso en la defensa de los derechos humanos en Colombia.
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