Una mina de Derechos

Justicia y Solidaridad en el Territorio

Por: Isabel Cortés

Diciembre, 2024

Una delegación integrada por un líder minero artesanal colombiano y cuatro funcionarios de la Corporación Retorno y Vida, expertos en derechos humanos y abogados, visitó Canadá entre el 15 y el 29 de noviembre de 2024. Su propósito fue denunciar públicamente las graves afectaciones del proyecto Gramalote, liderado por la minera canadiense B2Gold Corporation. La iniciativa busca visibilizar los impactos sociales, ambientales y económicos que enfrentan comunidades rurales del nordeste antioqueño, especialmente en San Roque y las veredas de Providencia y Cristales.

La denuncia

Liderada por John Eduard Yepes García, representante de la Corporación Retorno y Vida; Mariano José Guerra Díaz, cofundador y director de proyectos; y Gildardo Antonio Gómez Maya, presidente de la Asociación de Mineros del Corregimiento de Providencia (ASOMICOPRO), la delegación presentó un informe destacando las principales afectaciones:

•  Desplazamiento forzado de comunidades locales.

•  Impactos ambientales graves, como la afectación a la Reserva Forestal Protectora del río Nus y la desviación de fuentes hídricas esenciales.

•  Restricciones a la movilidad de comunidades campesinas, incluidas familias con niños.

•  Persecución judicial y administrativa contra líderes comunitarios y mineros artesanales.

•  Uso indebido de medidas legales para silenciar opositores.

Un conflicto persistente

El proyecto Gramalote, el mayor emprendimiento de minería aurífera a cielo abierto en Colombia, ha generado tensiones desde sus inicios. Las comunidades, tradicionalmente dependientes de la minería artesanal, han denunciado prácticas represivas, exclusión de compensaciones económicas y la falta de un diálogo inclusivo.

Un caso destacado es el de Gómez Maya, cuyas herramientas de trabajo fueron destruidas durante un operativo policial que, según la denuncia, careció de sustento legal. Este hecho dejó a su familia sin sustento económico y los expuso a amenazas constantes.

“El desarrollo no puede ser una excusa para destruir comunidades y ecosistemas. Canadá, como país de origen de esta empresa, debe asumir su responsabilidad”, declaró Yepes García.

Mariano José Guerra Díaz : Abogado y Cofundador Retorno y Vida; Luz Marina Gutiérrez Rodríguez – Cofundadora, John Eduard Yepes García: Abogado y Cofundador; Gildardo Antonio Gómez Maya: Minero Artesanal y Presidente de ASOMICOPRO, Julie Miville-Dechêne Senadora independiente de Québec, María Camila Ruiz Yepes: relacionista publica de Retorno y Vida, Giuliana Fumagalli Coordinadora de la gira, e Isabel Cortés Coordinadora de comunicaciones.

El llamado a la acción

La delegación exhortó a las autoridades canadienses, incluidas instancias como la Ombudsman, a garantizar que las empresas bajo su jurisdicción respeten los estándares internacionales en derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

En la gira, Luz Marina Gutiérrez, encargada de la caracterización de víctimas en Retorno y Vida, resaltó los impactos desproporcionados sobre las mujeres de la región. Muchas, desplazadas por el conflicto armado, han sido excluidas de derechos laborales y seguridad social. “Estas mujeres, esenciales en la recuperación y reciclaje de sobrantes metalúrgicos, han sido etiquetadas como mineras ilegales y víctimas de operativos policiales violentos, incluso delante de sus hijos”, denunció.

“La violencia institucional y de género en este contexto constituye una grave violación a los derechos fundamentales de estas comunidades vulnerables”, subrayó Yepes.

Antecedentes y objetivos

La denuncia contra B2Gold no es nueva. En 2018, se presentó un reclamo formal ante la Embajada de Canadá en Colombia, sin obtener respuesta. Esta inacción llevó a la delegación a buscar visibilizar los impactos y establecer la responsabilidad jurídica y política de la empresa, apoyándose en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia y el Acuerdo de Biodiversidad Kunming-Montreal.

Entre los objetivos de la gira, titulada “Una Mina de Derechos: Justicia y Solidaridad en el Territorio”, destacan:

•  Garantizar la protección de derechos humanos y ambientales en las comunidades afectadas.

•  Exigir estándares responsables para las empresas multinacionales en territorios vulnerables.

Denise Gagnon, John Eduard Yepes García, Mariano José Guerra Díaz, Luz Marina Gutiérrez Rodríguez, María Camila Ruiz Yepes, Gildardo Antonio Gómez Maya, Simon-Pierre Savard-Tremblay Diputado Bloque Quebequense y Miembro del Parlamento Canadiense y Giuliana Fumagalli.

Un precedente internacional

María Camila Ruiz Yepes, estudiante de Derecho y miembro de Retorno y Vida, recordó la Misión de Verificación de Derechos Humanos “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, realizada en 2021. Este esfuerzo contó con la participación de delegados canadienses, incluido Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del Bloque Quebequense y miembro del Parlamento de Canadá.

Ruiz destacó que el caso de Gramalote sobresalió en esta misión por la exhaustiva caracterización de las víctimas. “Se ven afectados niños, niñas, mujeres cabeza de hogar y mineros ancestrales”, subrayó, aludiendo a la diversidad y vulnerabilidad de las personas afectadas.

Sindicatos y organizaciones civiles en Canadá respaldaron la gira, reafirmando su compromiso con la justicia social y ambiental. Este caso no solo evidencia una problemática local, sino que también destaca la urgencia de establecer mecanismos globales que limiten los impactos negativos de las industrias extractivas en comunidades históricamente marginadas.