La Encrucijada de la Universidad Nacional

Artículo publicado en alianza mediática con Desde Abajo

Por Miguel Huertas Sánchez

Mayo, 2024

 

 

Se dibuja aquí una cartografía sobre la situación que atraviesa la Universidad Nacional que, por razones de brevedad y de claridad, no entra en detalles; en ella se aspira a ofrecer una guía de entrada a una problemática que debería interesar a toda la sociedad, porque se trata de la universidad de la Nación, de su universidad, independientemente de que se tenga o no algún vínculo directo con ella.

 

La Universidad Nacional se encuentra nuevamente en crisis. Las asambleas estudiantiles, de pregrado y posgrado se han declarado en paro. La asamblea general se ha unido a un llamado a la desobediencia civil; hay marchas y protestas y un debate inusual en la prensa, en el cual se han desarrollado debates más o menos técnicos, más o menos políticos, que probablemente no alcancen a aclarar a la opinión pública no especializada lo que está sucediendo.

 

En su interior hay actividades culturales, foros, discusiones, marchas, reclamos de rendición de cuentas para las distintas representaciones que conforman el Consejo Superior Universitario (CSU), discusiones sobre diferentes temas y, entre ellas, la más urgente acerca de la legitimidad de proceso a través del cual el CSU designó al nuevo rector.

 

En medio de esa agitación, tres problemas se decantan como los temas fundamentales. La designación de rector, la disyuntiva entre la continuidad o la ruptura con las actuales políticas universitarias, con el telón de fondo de la autonomía y la democracia, y el sentimiento de profundo malestar que campea en una institución cuyo modelo administrativo es nulamente dialogante con las comunidades.

 

El Rector, el debate

 

En lo inmediato, el motivo coyuntural es la designación del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad por parte del CSU, organismo conformado por ocho integrantes, que para esta ocasión determinó acudir a un procedimiento inusual, el método Borda, aparentemente presionado por el representante de los exrectores, Ignacio Mantilla. Normalmente, el procedimiento democrático definiría que, en un proceso de elección, se gana con cinco o más votos de ocho posibles. Con el método señalado, que, a pesar de la profusión de explicaciones resulta bastante engorroso de entender y evidentemente se presta a muchas manipulaciones –y, por consiguiente, a muchas suspicacias–, el candidato que aparentemente ganó sin ninguna duda (cinco votos) en la primera ronda, el profesor Leopoldo Múnera, quien además había claramente ganado la consulta previa no vinculante a los estamentos estudiantil, docente y de egresados, quedó eliminado en la segunda ronda. Resultando al final que, aparentemente, sólo quedaron las opciones de Ismael Peña y el voto en blanco, algo verdaderamente extraño en un proceso que inició con diez candidatos activos. De la discusión dada, una cosa queda clara: que no fue una elección de un programa de gobierno, sino un juego de descarte sucesivo de candidatos, lo que supondría una flagrante falta de rigor, de seriedad e, incluso, de legalidad en un proceso de semejante magnitud.

 

Uso reiterativamente el término “aparentemente”, porque, a pesar de que el proceso se llevó a cabo el 21 de marzo, a la fecha –10 de abril–, aún no se ha presentado públicamente el acta oficial.

 

A los fuertes y muy argumentados debates y movimientos de protesta pacífica que derivaron de estos hechos, las autoridades universitarias responden en dos direcciones: con comunicados anodinos que no responden a las preguntas e inquietudes de la comunidad, reiteraciones imperturbables de respeto a las normas, invocación a la autonomía universitaria, encarnada en ellas, especie de autarquía; y, en la otra dirección, descalificando las críticas, incluso asociándolas sin ningún fundamento a llamados a la acción violenta. En resumen, se presentan como defensoras de la institucionalidad, de la autonomía y de la deliberación pacífica y pretenden imponer una obediencia ciega a las normas, que ellas están dispuestas a cambiar siempre a su acomodo, desconociendo derechos y olvidando que la universitaria es por naturaleza una comunidad deliberante.

 

Si ampliamos el panorama, detrás de esta visión inmediata, es claro que esta elección iba mucho más allá de los nombres en juego. Los programas de Múnera y de Peña enfrentan dos modelos de universidad.

 

Con distintos matices, logros, virtudes y defectos, el siglo XX nos heredó una concepción de universidad de corte humanista, con la convicción de que su tarea fundamental es la de aportar a la construcción de pensamientos críticos, mientras que desde las reformas educativas del presente siglo, se privilegia una educación en la que prima la gestión del conocimiento sobre la construcción de conocimiento; la educación se considera ya no un derecho, sino un bien (pensamiento expresado muy claramente en el plan de desarrollo propuesto por la actual rectora Dolly Montoya) y se impone un enfoque empresarial de la Universidad, en el que priman las consideraciones economicistas –relación costo beneficio– y la venta de servicios académicos.

 

A ambos modelos corresponden también unas determinaciones respecto a la democracia. Si el primero reclamaba una universidad para todos, definida por todos, debatiéndose, al igual que todo el campo político, en una tensión entre la democracia representativa y la democracia participativa, el segundo asume francamente que las autoridades establecidas son prácticamente soberanas y no se deben a la comunidad que las eligió, sino al sistema de poder al que representan. Entre otras declaraciones que ponen en duda la conveniencia de los procesos democráticos en la universidad, cito una declaración del exrector Mantilla: “Pienso que sería un error elegir las autoridades académicas de la universidad mediante procesos ‘democráticos’, porque eso lo único que hace es introducir los vicios de la política a la Institución. De ninguna manera, en ese sentido, las universidades son democráticas”1.

 

El de la gobernabilidad no es, en absoluto, un problema menor de la vida universitaria.

 

Uno de los hitos del movimiento estudiantil y de la defensa del pensamiento crítico en las universidades es el Movimiento de Córdoba de 1918 en Argentina. ¿El momento culminante? La lucha para impedir la elección de rector por un sistema de votación excluyente, con el fin de garantizar el statu quo en un contexto cargado por las denuncias de mediocridad y desadecuación del modelo universitario vigente en la época. En los años sesenta, época marcada por la reacción estadounidense a la revolución cubana que amenazaba con generalizar en el sur y el centro del continente la lucha antimperialista, la unesco desarrolló la misión que produjo el Informe Atcon, llamado así por el apellido del autor estadounidense que la coordinó (1963). Esta misión recorrió la América Latina, diagnosticó los problemas de la universidad pública y propuso soluciones, muy debatidas por los sectores críticos; una de sus conclusiones importantes: debía controlarse cuidadosamente el problema del cogobierno, que ha sido la pesadilla de los regímenes que siempre quieren tener controlada la institución universitaria.

 

La situación actual de la Universidad Nacional deriva directamente de la más reciente reforma académica, iniciada con la rectoría Palacios en 2005 y concluida por la rectoría Wasserman en 2009, un proceso caótico, caracterizado por la renuncia intempestiva del rector Palacios y por el desmonte de todos los procesos democráticos en la universidad, en aras de una administración que cada vez tiene menos diálogo con las comunidades reales.

 

A todas estas, ¿por qué querrían los gobiernos controlar la elección de autoridades en el medio universitario? Por un lado, ¿no es acaso el mundo del conocimiento neutral, situado más allá de las mundanidades del medio político?, y, por otro, ¿no sería obvio que la comunidad de los sabios definiera sus propios derroteros?

 

El poder político siempre trabaja para sus intereses, que no necesariamente coinciden con el bien común. De hecho, parte fundamental del actual proceso es que, por primera vez, el gobierno había declarado taxativamente su respeto a la decisión de la comunidad universitaria; de la comunidad, no de sus autárquicos representantes. La Academia es una fuente de legitimidad, uno de los bienes más difíciles de obtener, por eso es tan codiciado su control por los políticos porque, a su vez, la legitimidad es fuente de poder.

 

De ahí derivan las grandes tensiones entre los distintos modos de pensarla. Por ejemplo, Gerardo Molina, una de las figuras más importantes para la institucionalidad de la Universidad Nacional, al punto de que la condecoración máxima que ella otorga lleva su nombre, gestionó como parlamentario la Ley Orgánica de 1935, origen directo de la Universidad Nacional moderna, rector de ella a finales de los años cuarenta, abogaba por una autonomía relativa. En 1937, Molina definía2: 

 

“[…] no concebimos la Universidad sino como un mecanismo puesto al servicio de la nación y de la democracia, animado del propósito de contribuír a la liberación del pueblo y a la solución justa de las cuestiones que a cada minuto estorban nuestros movimientos. Rechazamos el concepto tradicional de que la universidad debe tener por encargo satisfacer los anhelos egoístas de perfección intelectual que puedan sentir algunas unidades, para las cuales la alta cultura es apenas ornato, o manera de hacerse a grandes entradas o piedra inconmovible en que descansa el edificio de la injusticia económica.

 

“[…] Porque nuestra Universidad no quiere distanciarse de la nación ni ser extraña al desarrollo de los sucesos públicos ha adoptado un tipo de organización relativamente autónomo. La autonomía total ha producido en otras repúblicas latinoamericanas resultados funestos, porque al desarticularse del Estado la Universidad ha caído en poder de grupos interesados en refrenarla. Ese peligro no existe donde ella no es una rueda suelta, en una época en que nada debe estar abandonado a su propio impulso y donde a diario está recibiendo las pulsaciones de fuera, mediante el delicado sistema de una discreta injerencia del gobierno . El estudiante, a más de estudiante es ciudadano, hombre de su pueblo y de su tiempo, por lo cual un completo aislamiento de las aulas respecto de las realidades políticas lo perjudicaría grandemente. La autonomía relativa, además le permite a la universidad el libre empleo de sus rentas y la autodeterminación en lo que mira a pénsumes, a personal docente y a otras materias que le son esenciales”.

 

Este es apenas un ejemplo de la compleja red de relaciones que se entreteje a la hora de definir intereses nacionales e intereses específicamente académicos de la Universidad. Eso exige una muy delicada construcción en la que no pueden intervenir intereses particulares que enturbien el diálogo Universidad–Nación y, mucho menos, que manipulen la noción de autonomía como un instrumento autoritario y acomodaticio al servicio de las autoridades de turno. Vale decir, que desvirtúen su fundamento democrático.

 

En artículo de Ricardo Sánchez Ángel: ‘Gerardo Molina, pensamiento y acción’3 dice:

 

“Como escribe Jaime Eduardo Jaramillo en su análisis sobre la rectoría de Molina, ‘Universidad, Política y Cultura’. La rectoría de Gerardo Molina 1944-1948, reinventó la tradición y superó conservando, siendo un hito fundamental en la historia de la universidad y de la cultura nacional. Su estilo fue el diálogo con estudiantes y profesores en sintonía con las instituciones y la sociedad. La capacidad renovadora, de trabajo en equipo dejó huella en la vida académica, con su horizonte laico, moderno, nacional e internacional”.

 

Ese espíritu dialógico entre instancias de gobierno, entre épocas y entre personas y estamentos es justamente el que se ha perdido en la Universidad Nacional desde la Revolución educativa, como se llamó la reforma general de la educación en el primer gobierno Uribe. Mencionar el régimen autoritario que instaló con esas reformas nos lleva a la dimensión más grave de la profunda crisis que vive hoy la Universidad Nacional. Sin ningún ánimo de prejuzgar, pues la investigación y las decisiones que se tomaran corresponden a las instancias legales pertinentes, existen actualmente graves señalamientos que no pueden ser ignorados ni minimizados:

 

Se menciona la posible ilegalidad e inconveniencia de la fundación del Instituto de Liderazgo Público y de la Corporación Rotorr-Impulsor de Innovación, que favorecerían el uso indebido de recursos públicos en favor de intereses privados y afectarían negativamente el desarrollo de actividades misionales de la Universidad, en una especie de competencia desleal consigo misma.

 

Se discute la posible realización de una reforma académica inconsulta más o menos clandestina, iniciada ya con una reforma de los posgrados, orientada exclusivamente por factores económicos y el avance de la reforma de todos los pregrados sin tener ningún respeto por las opiniones de las comunidades concernidas.

 

Se denuncian maniobras tendientes a la consolidación de una élite universitaria que se perpetúa en el poder mediante maniobras como las que se vieron en la designación actual de rector. Esto, entre otras cosas.

 

Por lo que, a mí me consta, como profesor raso, puedo señalar lo que considero más grave que todo lo ya dicho y que justifica plenamente la exigencia de gran parte de la comunidad del inicio inmediato de un proyecto tendiente a una constituyente universitaria: el evidente deterioro de la vida cotidiana de la universidad. La pérdida de la reflexión específicamente pedagógica, la indiferencia por el sentimiento de malestar de la comunidad que tiene años y se refleja en la altísima incidencia de problemas de salud mental, el evidente descuido con que se tratan temas como el de las violencias basadas en género.

 

Salta inmediatamente a la vista la ausencia de posibilidades de tener un mínimo estado de bienestar; a falta de cafeterías dignas, el estudiantado se alimenta en ventas ambulantes sin ningún control, en un contexto que una muy seria investigación académica ha llamado “el campus como desierto alimentario”. No hay residencias ni sitios específicos de encuentro y estudio, hay edificios que amenazan ruina. El Museo de Arte hace mucho funciona como una galería privada sin ningún sentido universitario.

 

El desánimo cunde, mientras unas autoridades indolentes proclaman a la Universidad como el faro de la Nación.

 

1   claves para el debate público. número 68, La Universidad Nacional se piensa a 2030: visión, retos y perspectivas, Unimedios, 2018, p. 5.

 

2   “La nueva Universidad, Gerardo Molina, Revista de las indias, Vol. 1, Nº 6, julio de 1937, p. 50.

 

3   El Espectador (4/IV/2016)

 

*   Escuela de Artes Plásticas. Doctorado en Arte, Arquitectura y Ciudad, línea “Estética y Crítica” Universidad Nacional.